Date: Saturday, February 16, 2008 10:48 AM

Porqué importa Bolivia



Escribe  Laura Carlsen, Directora del Programa de las Américas del Centro de
Política Internacional en la Ciudad de México, en donde ha sido
escritora y analista política durante las ultimas dos décadas.


El Palacio Nacional en Bolivia es un edificio colonial clásico que se sitúa
en la, siempre poblada por palomas, Plaza Murillo en el centro de La Paz.
Éste es más conocido como el "Palacio Quemado" debido a que ha sido
incendiado reiteradamente por disidentes de uno u otro bando a lo largo de
los siglos desde que Bolivia ganó su frágil independencia. Actualmente,
pintado de un alegre color amarillo, el edificio se erige como el
recordatorio de un pasado conflictivo y un futuro fresco.

Durante el periodo colonial los españoles explotaron sin piedad la riqueza
mineral del país; provocando durante el proceso, la muerte de cientos de
miles de mineros indígenas y levantamientos que marcaron la historia de la
nación con sangre y leyendas. Entre el trabajo forzado, la guerra de
independencia y las enfermedades europeas, la nueva nación comenzó su vida
como una república rica en recursos naturales pero con una población
diezmada. En las palabras de un historiador en 1831, Bolivia era como un
"limosnero sentado en un trono de oro."

En muchos aspectos, los predicamentos de la nación cambiaron poco a lo largo
de los dos siglos de vida republicana. La población indígena, si bien ya no
estaba esclavizada, confrontó inequidad permanente en lo que respecta a
instituciones políticas y oportunidades económicas. El flujo constante de
riqueza, proveniente de los recursos naturales, hacia la elite
criolla-aliada con intereses extranjeros-creó brechas profundas en la
sociedad boliviana. Estos flujos cambiaron de forma pero escasamente
disminuyeron con el advenimiento de la globalización.

El gobierno del presidente Evo Morales llegó al poder en enero de 2006 con
grandes planes para cambiar todo esto. La principal promesa que hizo a sus
bases de indígenas y empobrecidos fue reformar la Constitución para asegurar
a la mayoría indígena el ejercicio cabal de su ciudadanía y para
redistribuir la riqueza nacional a favor de los pobres.

A pesar de ganar por una absoluta mayoría en las elecciones presidenciales
de 2005, la administración Morales ha tenido una dificultad considerable
para traducir su capital político en un proceso eficiente de reforma.

La revisión Constitucional

Para el incipiente gobierno del Presidente Evo Morales, una nueva
constitución es la piedra fundacional necesaria para un cambio duradero. El
objetivo es crear una nueva estructura legal para la sociedad boliviana, que
por primera vez en la historia de la nación respete y reconozca legalmente
la diversidad en un país plurinacional.

La Asamblea Constituyente emergió como una demanda de los movimientos
sociales de los noventa, específicamente en la Guerra del Agua de Cochabamba
en 2000-2001. En años recientes, los gobiernos neoliberales realizaron
cambios a las leyes y a la Constitución para otorgar a los inversionistas
privados acceso prácticamente completo a los recursos naturales y a los
servicios básicos, exponiendo a esta nación empobrecida a una de las formas
más desiguales y abusivas de globalización de las que se tenga registro en
el hemisferio.

Estos cambios legales se volvieron el sello de sus gobiernos y también el
origen de su colapso. Por ejemplo, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
escapó en 2003 a los Estados Unidos después de que su gobierno colapsó ante
las protestas masivas que tuvieron como resultado docenas de muertes. Él y
el entonces Ministro de Defensa Sánchez Berzaín enfrentan actualmente
solicitudes de extradición y una demanda legal del Centro para los Derechos
Constitucionales por daños relacionados al asesinato de 67 mujeres, hombres
y niños en las protestas de septiembre y octubre, prácticamente todos
pertenecientes a comunidades indígenas Aymara.

Después de tomar el poder, el gobierno de Morales inmediatamente instituyó
la Asamblea Constituyente. El proceso sin precedentes requirió establecer
instituciones y reglas nuevas que han generado ambigüedad en algunas
ocasiones y conflicto a lo largo del proceso. Negociaciones hostiles,
movilizaciones callejeras de diversos bandos y agitadas advertencias de
ingobernabilidad por parte de los medios de comunicación, mantuvieron a la
nación en caos casi permanente desde julio de 2006 hasta la fecha límite del
mandato el 14 de diciembre del 2007. La mayor parte de ese tiempo la
Asamblea estuvo suspendida. El gobierno ha sido criticado frecuentemente
tanto por la izquierda como por la derecha por errores de juicio y
procedimiento, pero éste ha intentado mantener el diálogo abierto. La
oposición conservadora ha tomado una posición de confrontación hacia la
Asamblea Constituyente desde el principio; esta última está presidida por la
indígena Quechua y defensora de los derechos de las mujeres Silvia Lazarte.

La poco coordinada oposición ha zigzagueado entre llamadas por mayor
adherencia a la ley y actos ilegales de sabotaje, incluyendo violencia
proveniente de los comités cívicos y grupos neofascistas locales.
Finalmente, algunos pero no todos los partidos conservadores de derecha,
lanzaron un boicot al proceso institucional.

La Asamblea enfrentó un obstáculo tras otro. Los debates acerca de la
representatividad, la autonomía regional, la tenencia, y una antigua
discusión acerca de dónde debía ser físicamente asignado el capital de la
nación (Sucre o La Paz), pusieron a prueba los límites de un país que
enfrenta intereses enraizados y las incertidumbres de cambiar un sistema
históricamente injusto por uno nuevo que está aún por definirse.

Hacia el Referéndum

Finalmente, el nueve de diciembre la Asamblea aprobó el texto constitucional
con los dos tercios de votos requeridos, pero con un boicot del principal
partido político conservador, PODEMOS. El texto ahora se someterá a un
referéndum nacional, pero solo después de que se lleve a cabo un referéndum
separado sobre el asunto crucial de la reforma de la tenencia de la tierra.

En una entrevista reciente con el Programa de las Américas del CIP, el
Vice-Presidente Álvaro García Linera afirmó que los conflictos tienen sus
raíces en la historia boliviana y reflejan una etapa, si bien difícil, de
redefinición democrática saludable.

Después de boicotear a la asamblea, cuatro de los nueve gobiernos
departamentales declararon su autonomía, con algunos líderes amenazando
incluso con la secesión. Ellos han comenzado a compilar firmas para llamar a
un referéndum sobre una forma aún más radical de autonomía que podría
otorgar a los gobiernos locales amplio control sobre los recursos naturales
ubicados en sus territorios, así como erosionar la autoridad del gobierno
central y la cohesión nacional. Dado que esos departamentos concentran mucho
del petróleo, gas y producción agrícola de la nación, la intentona es un
serio reto al gobierno de Morales, el cual ha respondido declarándola
divisionista e ilegal.

El texto de la Constitución propuesta comienza declarando que Bolivia es "un
Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre,
autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e
intercultural" que está fundado en "la pluralidad y el pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico".

Tal cantidad de adjetivos revela la complejidad del proyecto político que
tienen por delante. La declaración de principios, refleja tanto la historia
reciente de las luchas de los movimientos de base de Bolivia por la
representación política de la mayoría indígena, como esfuerzos similares en
otras naciones latinoamericanas con poblaciones indígenas semejantes.
También refleja la antigua discusión acerca del balance de poder entre los
gobiernos locales, estatales y federal al reconocer cuatro tipos de
autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. En la práctica,
lidiar con el traslape entre demarcaciones autonómicas será un reto.
Un análisis detallado de los 411 artículos propuestos se vuelve ahora la
principal tarea de la sociedad boliviana, al tiempo que la Constitución se
somete a referéndum popular. Pero el otro elemento clave que vale la pena
mencionar es el concepto central de la Constitución de construir un Estado
que controle y regule el uso de los recursos naturales para el bien público.
Este es un cambio de océano político que se aleja de una era en la que se
asumía que lo que era mejor para el sector privado lo era también para la
nación entera.

Porqué es importante Bolivia

Para los de afuera, el problema en Bolivia puede parecer meramente el último
de una serie de conflictos sin fin en una pequeña nación conocida por su
inestabilidad política. Los medios de comunicación estadounidenses,
controlados por corporaciones, han construido cuidadosamente una imagen de
una población relativamente ignorante y violenta que arrasa rampante
instituciones desesperadamente débiles. Esta imagen distorsionada persiste
aún cuando los profundos cambios propuestos por el gobierno han sido
conducidos mayoritariamente a través de canales legales y que ha sido la
oposición conservadora la que ha tratado de socavar esos procesos.

La representación en la prensa internacional del carácter indígena del
liderazgo de Morales y su soporte popular, reflejan un sutil pero palpable
sesgo racista, con el Wall Street Journal encabezando la "Evo-paliza".
Morales, un presidente indio, es frecuentemente caricaturizado como el peón
del presidente venezolano Hugo Chávez. Y sus estrechos nexos con los
cultivadores tradicionales de coca son representados como las actividades
nefastas de un señor de las drogas. Numerosos reportes de prensa retratan a
las organizaciones indígenas como insensatos que pretenden desmantelar los
restos de instituciones bolivianas dudosamente democráticas.

La perversión de los ataques al gobierno de Morales revela el impacto global
potencial de lo que esta tratando de hacer. Bolivia es importante para todos
aquellos que buscan sociedades más justas y estables por dos razones que el
Vicepresidente García Linera describe como las "dos conquistas de la
igualdad"-la justicia política y la justicia económica.

Los intentos del gobierno por establecer las condiciones necesarias para el
ejercicio pleno de la ciudadanía de los pueblos indígenas, va más allá de un
acceso igualitario a formas limitadas de democracia representativa.
Reconocer los derechos de los 36 pueblos mencionados en la nueva
Constitución, implica crear mecanismos concretos para armonizar formas
comunitarias y liberales de justicia y gobierno que poseen lógicas muy
diferentes. Cada nación en el hemisferio occidental, en donde los pueblos
indígenas han sobrevivido campañas genocidas durante los últimos cinco
siglos, enfrenta este reto.

El segundo reto, el esfuerzo de lograr el uso sustentable de los recursos
naturales para el bien público, pone a prueba la capacidad del gobierno de
cambiar lo impuesto por el sistema global neoliberal. ¿Puede un país escalar
desde la pobreza hacia un desarrollo equitativo a través de una reforma
constitucional? La respuesta depende en gran medida de las dinámicas de la
política boliviana y de la habilidad del liderazgo político. Pero también
dependerá de las limitaciones externas. Al evaluar esas limitaciones, el
analista político mexicano Adolfo Gilly apunta que "los límites inelásticos
que imponen aquellos que gobiernan, ya sea la resistencia feroz de las
clases que han sido desplazadas del poder y sus representantes políticos y
económicos, tanto extranjeros como domésticos; o la jaula metálica en la
cual el nuevo orden neoliberal encierra a las posibilidades de acción, junto
con la inminente presencia de su poderosa base material, el Pentágono-la
fuerza militar de los Estados Unidos; o los límites materiales de escasez,
aislamiento nacional y pobreza."

Por diferentes vías, la administración Morales ha hecho todo lo posible por
romper las ataduras que los limitan. Anunció el rompimiento de relaciones
con la Escuela de las Américas, una instalación de entrenamiento militar que
ha producido una larga lista de dictadores y torturadores a lo largo del
hemisferio.

Con respecto a la economía global, el gobierno boliviano decidió separarse
del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión del Banco
Mundial; un sistema de arbitraje comercial caracterizado por sus poderes
supranacionales, su falta de transparencia y su sesgo hacia los
inversionistas.

Bolivia ha buscado la renegociación de su Tratado de Libre Comercio con
México, así como se ha opuesto al tratado comercial con Estados Unidos, al
tiempo que firmó el Acuerdo Comercial de los Pueblos con Venezuela y Cuba.
En marzo de 2006, el gobierno estableció que no buscaría renovar su acuerdo
en receso con el FMI, institución responsable de imponer las políticas
neoliberales que dañaron la economía nacional y sus sectores más
vulnerables.

La respuesta internacional

La respuesta de la administración Bush al gobierno de Morales ha sido hostil
pero reservada. La estadounidense Agencia para el Desarrollo Internacional,
ha promovido la asignación de fondos a proyectos en regiones opositoras para
fortalecer la resistencia a las políticas del partido de Morales, Movimiento
al Socialismo (MAS), como parte de su programa "Construcción de la
Democracia". El embajador estadounidense en Bolivia, Phillip Goldberg, ha
tenido roces frecuentes con el gobierno boliviano en lo relativo a
acusaciones de ofrecer ayuda con objetivos político. El embajador
recientemente mencionó que la relación entre los dos países era "complicada"
y enfatizo que la cooperación se enfocaría a reducir el cultivo de la coca.
Esta aseveración es ominosa dadas las amplias diferencias entre las
políticas del gobierno de Morales, de promover el cultivo tradicional de la
coca al tiempo que desmantela la producción de cocaína, y el modelo
estadounidense de lucha contra las drogas, centrado en programas de
militarización y fumigación.

Por otra parte, varios países latinoamericanos se han hecho presentes para
respaldar a Bolivia después de terminada la Asamblea Constituyente. El
presidente Lula de Brasil realizó una visita de estado y anunció una
inversión por mil millones por parte de la compañía petrolera estatal de ese
país en los sectores de gas y petróleo. El anuncio fue particularmente
significativo dado que la gigante paraestatal brasileña, Petrobras,
inicialmente protestó por la nacionalización del control de sus operaciones
por parte del gobierno de Morales y había suspendido toda inversión. La
presidenta chilena Michelle Bachelet también dio un apoyo explícito al
atacado gobierno boliviano, al prometer la terminación de un sistema
carretero interoceánico.

Quizá el factor determinante más significativo del éxito del programa de
Morales, será su relación con los movimientos sociales progresistas de los
pueblos indígenas, de los trabajadores, los mineros, las mujeres y otros que
crearon las condiciones revolucionarias que llevaron al MAS al poder. Este
instituto político no es solo la base de soporte del gobierno, sino que es
la verdadera fuente de la soberanía nacional y de los ímpetus de cambio
democrático. Aunque la administración Morales se define a sí misma como "un
gobierno de movimientos sociales", los historiadores Forrest Hylton y
Sinclair Thompson correctamente apuntan que la relación está lejos de ser
simple y que será crucial que la independencia y el espacio político de esos
movimientos no se someta a la lógica del Estado.

Actualmente, Bolivia es un laboratorio abierto. Podría parecer una arena
inadecuada para tan ambicioso experimento: una nación encerrada por tierra
de escasamente nueve millones de habitantes, con fuertes vestigios de
política colonial y la tasa más alta de pobreza en el continente. Aun así,
el esfuerzo de utilizar al Estado para retomar y redistribuir los recursos
naturales-cedidos a intereses económicos privados bajo la globalización-para
privilegiar a los pueblos indígenas y para disminuir la brecha abismal entre
los que tienen y los que no tienen, merece una oportunidad y sin duda
proporcionará lecciones al resto del mundo.